El Gobierno ecuatoriano, cuestionó el comunicado emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, sobre las protestas que tuvieron lugar en el país del 3 al 13 de octubre pasado contra las medidas económicas de austeridad anunciadas por el presidente Lenín Moreno.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, envió esta semana una carta a la oficina de la Acnudh, donde manifestó que "las apreciaciones del comunicado a este respecto son subjetivas, no se ciñen a los hechos", reflejan "solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos" que participaron en las manifestaciones.
El documento emitido por Bachelet, el pasado viernes 29 de noviembre criticó el papel de las fuerzas de seguridad, cuyas acciones represivas no se ajustaron a las normas y a los criterios internacionales -entre otros aspectos- por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza.
Cuestionó el alto costo humano de las protestas, puesto que "al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad”, mientas que el “número de detenidos ascendió a 1.382".
Valencia respondió que "la fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes".
Con respecto a la referencia de Acnudh sobre que "algunos manifestantes" recurrieron a la violencia, el diplomático expresó que "no fueron algunos manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y en especial en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación".
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